Vigo,
Lunes, 24 Abril, 2017

Accidentes de trabajo y recargo de prestaciones a la Seguridad Social

Existe una demanda social generalizada para que se asegure el recargo
El importe medio del recargo es de 150.000€ y el máximo puede alcanzar los 400.000€, cuantías elevadas que pueden abocar a la empresa al cierre y dejar sin prestación al trabajador y sus derechohabientes
El Magistrado Ricardo Ron señaló que “el recargo, hoy en día, constituye una medida que se impone al empresario en la inmensa mayoría de los accidentes de trabajo”
Por su parte, Santiago Martín indicó que “si la empresa contrata un seguro que dé cobertura a un posible recargo de las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo, no va a ser sancionada”

El pasado lunes 24 de abril Fundación Inade organizó una nueva tribuna de su “Foro Inade – Vigo”, además de desarrollar por primera vez una sesión de los “Diálogos 2020” que organiza la “Cátedra Fundación Inade – UDC de Gestión del Riesgo y del Seguro” en esta ciudad. Se trataba de una ocasión especial, porque ha sido la primera vez que la Cátedra organiza una de acciones en la ciudad olívica. En ambos eventos se profundizó en los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones a la Seguridad Social de la mano de Ricardo Ron Latas, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; Santiago Martín Gil, Senior Advisor en HDI GLOBAL y Director del Boletín “RC y Seguro” que edita INESE y José Antonio Muñoz Villareal, Director de Muñoz Arribas Abogados.

El magistrado Ricardo Ron comenzó el turno de intervenciones haciendo referencia a la posible asegurabilidad del recargo de las prestaciones. Según el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social el recargo no es asegurable. Además, señaló que “la empresa va a tener que asumir el pago del recargo, aunque se cumplan las medidas de seguridad, los planes de prevención y todo aquello que le incumba en este sentido”. “El recargo, hoy en día, constituye una medida que se impone al empresario en la inmensa mayoría de los accidentes de trabajo”, añadió. Por ello, el ponente indicó que “la entidad económica del recargo puede suponer que su asunción por la empresa pueda llevarle al cierre y, de ahí, la importancia de poder asegurarlo”.

A continuación, José Antonio Muñoz empezó poniendo en valor la necesidad social de asegurar el recargo, independientemente de que jurídicamente sea posible o no. “Existe una demanda social generalizada para que se asegure el recargo”, afirmó y añadió que “a nadie perjudica el aseguramiento del recargo; al contrario, asegura al trabajador su cobro, y al empresario le evita tener que lidiar con una pérdida patrimonial de gran entidad”.

El ponente hizo memoria y recordó que en 2014 hubo 4.647 accidentes graves investigados por la Inspección de Trabajo, en los que 2.615 hubo propuesta de recargo. Para José Antonio Muñoz, “el recargo de las prestaciones es una de mayores causas de insolvencia empresarial en España”. Además, hizo referencia a que “el importe medio del recargo suele ser de unos 150.000€, y el máximo de unos 400.000€, con lo que se trata de cuantías elevadas que puede tener una repercusión muy negativa en la actividad empresarial, o incluso abocar a la empresa al cierre”.

Tras referirse a los orígenes de la regulación en el Ordenamiento jurídico español y su consideración como sanción, señaló el ponente que “la concepción recogida en esta regulación está superada”. El elemento fundamental de la cuestión es determinar la naturaleza jurídica del recargo: punitivo o indemnizatorio, que, según la opinión de José Antonio Muñoz, es “prestacional e indemnizatorio”.

En esta línea, José Antonio Muñoz proporcionó tres razones jurídicas fundamentales por las que el recargo de las prestaciones debería objeto de aseguramiento. La primera es que existe una derogación tácita del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social operada por el artículo 15.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que permite que cualquier contingencia sea objeto de seguro y el recargo es una contingencia. La segunda, la aplicación de la teoría administrativista de la prohibición ultra vires del recargo de prestaciones. Esta teoría afirma que un decreto no puede impedir derechos reconocidos en las leyes y al refundirse la norma en el año 66, los preceptos que procedían del Decreto, seguían teniendo rango de decreto. Y, la tercera, la evolución jurisprudencial.

En tercer y último lugar, Santiago Martín afirmaba respecto a la asegurabilidad del recargo que “en el ámbito jurídico, hay normas que, con el paso del tiempo, quedan obsoletas”. De hecho, recordó que “hasta no hace mucho, las entidades aseguradoras no podían asegurar sanciones. Sin embargo, esta es una práctica habitual en la actualidad, por lo que es incomprensible que no se pueda asegurar el recargo”. Tras el voto particular de García de la Serrana en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015, se abrió un debate acerca del posible aseguramiento. Igualmente, explicó que tras el Dictamen del Consejo de Estado para la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, la Dirección General de Seguros cambió su opinión acerca de la posibilidad de asegurar el recargo, como ya hizo en su día con la posibilidad de asegurar sanciones.

Además, Santiago Martín hizo referencia a que “el 70% de los trabajadores no cobran recargo, cuestión que quedaría solucionada con su aseguramiento, ya que el trabajador cobraría en todo caso”. Según el ponente, hubo varios intentos de asegurar el recargo a través de diferentes tipos de seguro, como el seguro de accidentes o el de responsabilidad civil. También podría hacerse a través de un aval, o de un seguro de caución, aunque finalmente se ha optado es el seguro de reintegro o pérdida de beneficios.

Por otro lado, Santiago Martin quiso tranquilizar a los asistentes indicando que “si la empresa contrata un seguro que dé cobertura a un posible recargo de las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo, no va a ser sancionada”.

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