Vigo,
Martes, 9 Abril, 2019

Los nuevos riesgos que afectan a consejeros y directivos

La reputación y la ciberseguridad es lo que más preocupa a los consejeros y directivos
Javier Fernández (Willis Towers Watson) presentó un estudio para conocer las preocupaciones que tienen los consejeros y directivos sobre sus responsabilidades
El 60 % de los encuestados en la investigación afirmó que el riesgo es una parte fundamental dentro del proceso de toma de decisiones
Aunque el mercado se está endureciendo sigue estando blando, siendo el principal uso de las pólizas los gastos de defensa

El pasado 9 de abril la tribuna Foro Inade organizada en Vigo abordó la gestión del riesgo de los consejeros y directivos, es decir, se analizó cómo su patrimonio personal queda expuesto a un riesgo global. La jornada comenzó con la presentación por parte de Javier Fernández, subdirector de Líneas financieras de Willis Towers Watson, del estudio que anualmente elabora la correduría con el despacho de abogados Allen & Overy LLP para conocer las preocupaciones que tienen los consejeros y directivos sobre sus responsabilidades.

Según el mismo, el 60% de los encuestados afirmó que el riesgo es una parte fundamental de la toma de decisiones y ha admitido que lo que más les preocupa es la reputación y la ciberseguridad (44%). Concretamente, hay varias preguntas que se hacen continuamente como si la póliza responderá en cualquier jurisdicción: si la definición de asegurado es lo suficientemente amplia, si se entiende la póliza o cuándo se pueden activar los gastos de defensa.

A continuación, una mesa de expertos analizó el cambio en la cultura del riesgo que afecta a la alta dirección de la empresa, las nuevas soluciones que proporciona la industria aseguradora para que los consejeros y directivos puedan transferir este riesgo y los efectos que están teniendo en los consejos de administración las figuras de los “consejeros ejecutivos dominicales” y “consejeros independientes”. Así, bajo la moderación de Adolfo Campos, director de Fundación Inade, participaron en el debate Javier Fernández; Juan Güell, consejero ejecutivo, dominical o independiente de diferentes empresas; Marta Gómez-Llorente, consejera independiente; José Rodríguez, General Counsel de GRUPO NUEVA PESCANOVA; Ana Sultán, directora de siniestros de líneas financieras de Willis Towers Watson; y María Victoria Valentín-Gamazo, responsable de seguros de D&O de la compañía AIG.

Los ponentes que representaban a la parte de los consejeros delegados destacaron que se debe tener en cuenta que éstos se juegan su patrimonio personal, “incluso el de sus herederos”, indicó José Rodríguez. Según Juan Güell, “el riesgo crece exponencialmente y se está recurriendo mucho a la figura del consejero 

independiente para velar por los intereses de las empresas”. “Somos conscientes de la responsabilidad y sabemos que es imposible el riesgo cero”, añadió.

Por su parte, Marta Gómez-Llorente señaló que “uno de los riesgos más importantes a los que se pueden enfrentar es la disrupción del modelo de negocio”. Por ello, reclamaban a los representantes del sector asegurador “la creación de una póliza que cubra individualmente al consejero”. “Cada vez existe una mayor concienciación sobre la implicación que supone ser consejero y la importancia de cubrir el riesgo. Es una obligación de la empresa tener esas pólizas y una obligación nuestra es buscarlas, porque el interés de la empresa y del consejero no pueden ser diferentes”, explicó Juan Güell.

Por su parte, Ana Sultán informó de que “el 30% de las reclamaciones de D&O son penales” y que “las multas administrativas de la Agencia Tributaria se han incrementado”. Además, hizo hincapié en que “las pólizas representan en lo posible el espíritu de proteger el patrimonio del administrador”.

Javier Fernández reflexionó acerca de que “el mercado sigue blando, aunque hay nuevos jugadores que quieren participar y que llevarán a que se endurezca, porque con siniestros con gastos de defensa que alcanzan los 100.000 euros y primas para pymes de 600 euros, es lo más lógico”. A esta cuestión, José Rodríguez añadió que “la póliza debería cubrir un periodo de al menos cuatro años”.

María Victoria Valentín-Gamazo especificó que “las compañías no se pueden negar a cubrir el riesgo cuando hay una investigación por dolo, porque éste solo se aplica por sentencia firme”. Igualmente, solicitó a los empresarios que “busquen varias opciones para la cobertura de los gastos de defensa, que deben ser razonables”.  

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